En el corazón del capitalismo se encuentra un principio simple pero brutal: la acumulación de riqueza nace de la apropiación del trabajo ajeno. Esta lógica se reproduce cotidianamente en todos los espacios de producción, pero adquiere una dimensión especialmente cruda cuando hablamos del trabajo de las mujeres.
Con frecuencia, al abordar esta temática, el foco se coloca sobre las labores domésticas y de cuidado no remuneradas —y con razón, pues constituyen un pilar silencioso e invisibilizado del sostenimiento de la vida y del orden económico. Sin embargo, es urgente ampliar la mirada. También el trabajo asalariado de las mujeres, realizado en maquilas, fábricas, comercios y oficinas, es una fuente central de la riqueza socialmente producida de la que vivimos todos y todas.
Es un trabajo de alta intensidad y de altos rendimientos económicos, pero cuya riqueza es sistemáticamente expropiada por la clase propietaria que en Honduras se encarna en las 10 familias oligárquicas. Invisibilizar esta forma de explotación impide comprender cómo funciona la economía en nuestro país y cuáles son las condiciones materiales que sostienen el modelo actual de acumulación.
Los datos más recientes del Observatorio del Mercado Laboral de la Secretaría de Trabajo confirman esta realidad estructural. En 2024, solo el 36.6 % de las mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral, frente a un 69.2 % de los hombres, reflejando una brecha de más de 30 puntos porcentuales. Esta baja participación no responde a desinterés, sino a una estructura económica y social que desalienta y precariza su incorporación al empleo formal: largas jornadas de trabajo no remunerado en el hogar, escasa oferta de empleo de calidad, y una concentración en sectores mal pagados.
Los tres principales fuentes de empleo para mujeres en Honduras son el comercio (24.7 %), la agricultura (22.0 %) y la industria manufacturera (13.1 %). Estos sectores absorben cerca del 60 % de la fuerza laboral, y son precisamente aquellos donde se concentran las trabajadoras asalariadas. No es casual: son sectores donde se combinan bajos ingresos, alta informalidad y escasa protección social. La concentración de mujeres en estas ramas no solo es estadística: es funcional al modelo económico.
Por ejemplo, en el comercio —el sector con mayor número de ocupados— el ingreso promedio en 2024 fue de L 10,703, mientras que en la industria manufacturera fue de L 9,457. La agricultura, aunque con gran peso en el empleo rural, apenas alcanzó un ingreso promedio de L 5,932, uno de los más bajos. Si bien estos ingresos promedios no están desagregados por sexo, otros estudios confirman que las mujeres tienden a recibir entre un 20 y un 40 % menos que los hombres en empleos equivalentes. En la práctica, esto significa que millones de mujeres trabajan tiempo completo sin lograr cubrir ni la canasta básica.
Pero el salario es solo uno de los mecanismos de explotación. A este se suman otros: la doble jornada laboral —asalariada y doméstica—, la inseguridad contractual, la falta de sindicalización, y la alta prevalencia de la subocupación por insuficiencia de tiempo, que en las mujeres alcanza el 13 %. Esta cifra revela que muchas trabajadoras no acceden a empleos de jornada completa, ya sea por barreras estructurales o por responsabilidades de cuidado que recaen exclusivamente sobre ellas.
Además, la tercera parte de las mujeres ocupadas no cubren sus necesidades básicas con su ingreso. Esta forma de precarización no solo afecta sus condiciones materiales de vida, sino que limita su autonomía económica y refuerza las relaciones de dependencia dentro del hogar y el sistema económico. Es el rostro cotidiano de la acumulación capitalista en clave patriarcal.
Esta explotación, sin embargo, no es pasiva ni neutral. Permite que las empresas reduzcan costos, que el capital mantenga márgenes de ganancia elevados, y que el Estado mismo sostenga una economía de enclave sin invertir en políticas de cuidado, infraestructura social o formalización laboral. La precariedad femenina es rentable para el sistema.
En Honduras, más de un millón de jóvenes no estudian ni trabajan, y el 70 % de ellos son mujeres, lo que evidencia una “generación expulsada” del sistema educativo y laboral, producto de un modelo que desintegra los proyectos de vida juvenil y femenina. Esta exclusión se agrava con el trabajo infantil femenino —que afecta a más de 46,000 niñas fuera del sistema escolar—, así como con la sobrecarga doméstica, el embarazo adolescente y el abandono escolar, perpetuando la pobreza de forma intergeneracional.
La explotación del trabajo femenino no es solo un problema laboral. Es una condición estructural del capitalismo hondureño, que necesita una fuerza de trabajo disciplinada, barata, segmentada y desorganizada. Y encuentra en las mujeres —especialmente en las más pobres, rurales y jóvenes— el cuerpo social ideal para esa lógica.
Una alternativa real debe partir del reconocimiento del trabajo de las mujeres como eje económico y político. Esto implica salarios dignos, formalización laboral, cobertura de seguridad social, redistribución del trabajo doméstico y políticas de cuidado universales. Pero también implica organización sindical, formación política, y articulación feminista y clasista, porque sin lucha no hay transformación.
Estos cambios son urgentes y serán posibles en el marco de la continuación del proyecto de cambio que inició el gobierno de Xiomara Castro.
El rostro femenino de la acumulación no puede seguir siendo invisibilizado. Si las mujeres trabajadoras sostienen buena parte del sistema económico, también tienen el potencial de cuestionarlo en su raíz. No como víctimas, sino como fuerza social. El desafío es convertir esa explotación en conciencia, y esa conciencia en poder.
