Todos los días nos lo repiten los grandes medios de comunicación, las cámaras empresariales y los voceros de la oligarquía: es la gran empresa la que “generan empleo”, “mantienen el aparato estatal”, y “produce la riqueza del país”. El COHEP, representante de las 10 familias más ricas de país, se presenta como el corazón de la economía hondureña, como si el país se sostuviera gracias a su filantropía empresarial.
De esa misma forma, y también a fuerza de repetición, intentan imponernos la absurda ideología neoliberal que justifique la inmensa desigualdad que crearon en más de treinta años de implementación de su modelo económico. Un modelo que no sólo empobreció a la población, sino que destruyó buena parte de su tejido social, melló nuestra identidad nacional, expulsó a millones de nuestras compatriotas al exilio económico y buscó imponer una cultura individualista y poco solidaria.
Pero esa historia es falsa. Una mentira repetida para ocultar una verdad esencial: que este país lo sostienen las y los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, las y los migrantes, campesinos, y los pueblos que, a pesar del abandono y la explotación, siguen produciendo, resistiendo y construyendo futuro.
Demostrémoslo:
En primer lugar, hay que decirlo sin rodeos: la mayoría del empleo en Honduras no lo generan las grandes empresas. Lo generan las mypimes. Estas micro, pequeñas y medianas empresas aportan más del 70% del empleo nacional. Son miles de mujeres y hombres, que producen la tierra, venden en los mercados o pequeñas tiendas, que son dueños de talleres, comedores, medios de transporte, emprendedores del campo y la ciudad, trabajadores informales.
Lo mismo ocurre en el campo. El Producto Interno Bruto rural —el que pone el alimento en nuestras mesas— descansa, sobre todo, en los pequeños productores agrícolas. Son las familias campesinas, los que siembran maíz, frijoles, café, hortalizas. Sin ellos, el país no come. Pero en el discurso de la FENAGH, el agro hondureño parece pertenecer solo a los grandes terratenientes, ganaderos y palmeros, dueños de la agroindustria o de plantaciónes de gran extensión dedicadadas a la exportación. Mientras tanto, la tierra sigue concentrada, y quienes la trabajan siguen sin derechos plenos ni acceso real a recursos.
A esto hay que sumar un fenómeno clave: las remesas. El país se sostiene en gran parte gracias al trabajo de quienes se fueron. En 2023, las remesas superaron los 9,000 millones de dólares, es decir, más del 28% del PIB nacional. Más que el presupuesto de salud y educación juntos. Ese dinero no lo envían las élites; lo mandan las y los trabajadores migrantes, muchas veces indocumentados, que desde la construcción, el campo o los servicios en Estados Unidos y España siguen manteniendo a sus familias y dinamizando la economía nacional. Sin remesas, el Estado colapsaría.
Y si hablamos del Estado, hay que hablar también de los impuestos. Porque la narrativa empresarial también dice que ellos “pagan todo”, que “sostienen el gasto público”. Otra mentira. En Honduras, más del 80% de los ingresos tributarios provienen del consumo, es decir, de impuestos que paga el pueblo: el ISV, los impuestos a la gasolina, a los alimentos, al transporte. Los grandes capitales, en cambio, gozan de exoneraciones, evasión y trato privilegiado. Las zonas francas, por ejemplo, generan empleos precarios y mal pagados, pero no aportan al fisco. Los bancos tienen utilidades históricas, pero sus impuestos son ridículos en proporción a sus ganancias.
Como lo señala la ley de Justicia Tributaria, esta estructura tributaria regresiva, diseñada por el modelo neoliberal, castiga a quienes menos tienen y protege a los que más acumulan. Y aún así, las y los trabajadores siguen siendo quienes sostienen los hospitales, las escuelas, las carreteras, los subsidios y todo lo que hace funcionar al país.
Entonces, si somos nosotros quienes producimos la riqueza, ¿por qué no pensar en formas alternativas de propiedad? ¿Por qué seguir aceptando que las ganancias sean siempre privadas, mientras las pérdidas se socializan? Es hora de hablar en serio de propiedad colectiva, de empresas comunales, de cooperativas fuertes, de participación obrera en la gestión de lo que producimos. La riqueza debe ser compartida, no concentrada en manos de unos pocos.
Y junto a esto, pensar también en un Estado fuerte, que no se limite a “regular” o “acompañar”, sino que participe activamente en la economía. Un Estado que invierta, que produzca, que defienda sectores estratégicos como la energía, la salud, el agua, los alimentos. No podemos seguir dependiendo del mercado para resolver nuestras necesidades básicas. Un Estado fuerte no es un enemigo del pueblo; es su principal aliado en la construcción de bienestar.
En esa dirección, el actual gobierno ha dado pasos importantes. A diferencia de las administraciones neoliberales anteriores, ha priorizado el gasto y la inversión social, con mucho esfuerzo ha recuperado la ENEE para recuperar la soberanía energética y ha detenido las privatizaciones.
Es un cambio de paradigma, un intento de romper con el poder de la oligarquía y colocar al pueblo en el centro.
Pero no basta con resistir al viejo modelo. Hay que construir uno nuevo. Un modelo económico popular, solidario, soberano. Eso implica avanzar hacia la socialización de las ganancias, fortalecer las mypimes, crear empresas públicas y mixtas donde el Estado tenga participación real, democratizar el crédito, apoyar la producción nacional, y construir desde abajo una economía para la vida, no para el lucro.
Hoy más que nunca, debemos recordar lo esencial: el Estado no lo sostienen los ricos, sino los trabajadores. No lo sostiene el COHEP, sino las miles de manos que siembran, venden, cuidan, educan, transportan y construyen. Y si lo sostenemos, tenemos derecho a transformarlo.
