Organizaciones sociales y movimientos territoriales tienen años documentando lo que los informes institucionales prefieren llamar “causas multifactoriales”. Su diagnóstico es más preciso: el capitalismo hondureño se ha sustentado históricamente en la extracción de recursos naturales y la destrucción de la naturaleza —desde el enclave bananero hasta la actualidad—, y uno de sus efectos visibles ha sido la deforestación. Los incendios de 2026 no son un episodio circunstancial, son la acumulación de décadas de ese modelo. Un factor determinante en la crisis ha sido la extensión permanente de la frontera agrícola a cargo de grandes ganaderos, empresas agroindustriales y narcotraficantes.
Entre 2021 y abril de 2026, Honduras reportó más de 200,000 siniestros forestales, con un impacto acumulado superior a 89,000 hectáreas en áreas protegidas. La Reserva El Cajón, el parque La Botija, la Biósfera del Río Plátano y la reserva Rus Rus son las más afectadas, en muchos casos producto de quemas deliberadas. Al mismo tiempo, en los últimos diez años la conflictividad socioambiental se ha agudizado por una política de concesiones a la industria extractiva —hidroeléctricas y mineras— instaladas de forma inconsulta en territorios comunitarios. El bosque que arde y la concesión que despoja son el mismo problema con distinta forma.
Ese déficit tiene nombre, es la ausencia de una política de Estado que antepone la reproducción de la vida a la reproducción del capital.
