Una densa capa de humo cubrió Tegucigalpa a finales de abril. La concentración de partículas finas PM2.5 alcanzó los 95 microgramos por metro cúbico en el Distrito Central, donde viven un millón y medio de personas —más de doce veces el valor de referencia anual de la OMS—. No es un número abstracto, es lo que respiraron durante días los niños de las escuelas públicas de Comayagüela, los vendedores informales del mercado Zonal Belén, los pacientes de los hospitales que ya estaban sobresaturados antes de que comenzara la crisis. COPECO identificó como causas combinadas los incendios forestales activos y las quemas agrícolas para la siembra en Honduras y el resto de Centroamérica.
Organizaciones sociales lo sintetizan en un análisis que mantiene plena vigencia, en esta situación confluyen el calentamiento global producido por las grandes corporaciones capitalistas a escala mundial, y un conjunto de elementos contaminantes generados localmente —deforestación, ganadería extensiva, agroindustria— como expresión del modelo extractivista hondureño. La crisis del aire no puede separarse de la pregunta sobre quién decide cómo se usa el territorio. Mientras la respuesta a esa pregunta la sigan dando los grandes ganaderos, las empresas agroindustriales y los inversores de las ZEDES, la contaminación seguirá siendo la norma.
