A continuacion publicamos el Comunicado Oficial de la Movilización del 15 de septiembre suscrito por todas las organizaciones integrantes de la Unidad Popular Hondureña
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Comunicado del 15 de septiembre de 2026
La Unidad Popular Hondureña (UPH), plataforma aglutinadora de diferentes organizaciones y fuerzas políticas y sociales de Honduras, conscientes de la responsabilidad histórica que vivimos las mayorías populares frete a los abusos de un régimen impuesto, manifestamos nuestra firme posición en defensa de los bienes comunes, la soberanía de la patria, los derechos de las naciones y la dignidad de este pueblo históricamente oprimido. Expresamos:
- Los recursos públicos son bienes del Pueblo por derecho constitucional y deben estar a su servicio.
El actual régimen busca la privatización de estos recursos, lo que constituye una traición a los intereses de la población y una violación flagrante sus derechos. Repudiamos profundamente la “Ley de Justicia Energética”, instrumento legislativo que, bajo el pretexto de una supuesta modernización, consuma la entrega del sector eléctrico a los intereses privados.
De igual manera rechazamos los procesos de privatización del agua hacia empresas transnacionales y la privatización del a salud pública con los fideicomisos a bancos privados dejan este sector a merced de los intereses financieros.
¡Exigimos detener el proceso de privatización de los bienes públicos!
- La UPH pone la lucha por la defensa de nuestra soberanía nacional como la prioridad número uno de nuestra nación.
La política imperialista y neocolonial de Donald Trump, que implementa en complicidad con gobiernos de ultraderecha en la región Latinoamericana, nos ha llevado a una serie de flagrantes violaciones a nuestra soberanía patria.
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) son el ejemplo más claro de cómo los intereses oligárquicos y privados pueden consumar una flagrante violación a nuestra soberanía nacional. Aunque la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucionales y el gobierno de Xiomara Castro derogó la ley que las creó mediante el Decreto 33-2022, tres ZEDEs aún continúan operando como territorios de facto donde el Estado hondureño no ejerce soberanía efectiva. Con el actual régimen ilegitimo de Asfura, la ZEDE Próspera, en Roatán, ha expandido su territorio hasta superar los 3.2 millones de metros cuadrados, cerca del 4 % de la superficie total de la isla.
¡Exigimos la inmediata expulsión de las ZEDEs de nuestro país!
- El despojo de nuestros bienes comunes y territorios es una política del actual gobierno.
Este año, se han realizado cientos de órdenes de desalojo, siendo la zona norte la más afectada, en sitios como Tela, Villanueva, San Pedro y otros. El caso de San Juan Tela es uno de los más indignantes: el 6 de julio, más de 200 agentes de la Policía Nacional irrumpieron en la comunidad garífuna, detuvieron a cinco personas y desplegaron gases lacrimógenos y armas de fuego contra la población.
La recién aprobada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial es el instrumento jurídico de esa política de despojo y exterminio. Esta normativa declaró inafectables las tierras agroindustriales, blindándolas frente a cualquier causa de reforma agraria o utilidad pública, y ordenó a las autoridades judiciales y policiales ejecutar de manera inmediata el desalojo de las tierras ocupadas.
El Congreso Nacional blindó al sector agroindustrial y ordenó a la Policía Nacional y al Ministerio Públicointervenir en casos de huelgas, manifestaciones o protestas en vías públicas. Ya se han ejecutado desalojos amparados en esta ley.
¡Exigimos la derogación inmediata de la Ley Agroindustrial y la devolución de las tierras a sus legítimos dueños: familias campesinas y pueblos originarios!
- Denunciamos enérgicamente que el Poder Judicial como instrumento político de la oligarquía.
Persigue y criminaliza a los movimientos populares y a sus representantes, libera de delitos y crímenes a los oligarcas y a sus esbirros. La historia reciente de Honduras lo demuestra: Es un escándalo que, mientras a Juan Orlando Hernández y a Alexander Ardón, la justicia de Estados Unidos los sentenció culpables de graves delitos por narcotráfico o por el asesinato de decenas de personas, la Corte Suprema de Honduras les limpia los expedientes, o sencillamente mira para otro lado sin levantarles cargos, pese a que tienen cuentas pendientes en Honduras. Asimismo, delincuentes del erario público, como Mario Zelaya y Roberto Berteti son sobreseídos del delito que cometieron en el desfalco del IHSS.
En contraste con este trato de “mano de seda” con el crimen, los juzgados de Honduras violan los derechos de los compañeros Garífunas, ignorando los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y criminalizando a cinco hermanos garífunas por el delito de defender sus tierras ancestrales. Por tal razón, la OFRANEH ha acusado al régimen actual de cometer Genocidio Cultural y Crímenes de Lesa Humanidad. Esa es la misma impunidad que aun reina en casos emblemáticos, como en los asesinatos de Margarita Murillo, Berta Cáceres, Juan López y tantos otros.
¡Ni perdón ni olvido! ¡Justicia para el pueblo! ¡Alto a la criminalización de los movimientos populares!
- Manifestamos nuestra profunda preocupación ante el abandono de miles de hondureños y hondureñas que viven en los Estados Unidos, particularmente frente a las consecuencias derivadas de la cancelación del TPS.
Estados Unidos anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal, dejando a aproximadamente 72,000 hondureños sin protección migratoria ni autorización de empleo automática. Nos surge la interrogante sobre el futuro de 53,500 hijos de tepesianos hondureños nacidos en Estados Unidos; estos son ciudadanos estadounidenses enfrentan el trauma de una posible separación de sus padres. Detrás de cada persona migrante existe una historia de trabajo, sacrificio y, muchas veces, de expulsión provocada por las condiciones económicas y sociales de nuestros países.
En este contexto, consideramos grave que en el Congreso de la República se piense otorgarle una condecoración a María Elvira Salazar, figura que ha asumido posiciones contrarias a los intereses de amplios sectores de la comunidad latina y migrante en los Estados Unidos.
¡Exigimos la defensa de nuestros hermanas y hermanos migrantes y una política de atención para quienes reporten a su patria!
- Denunciamos la grave situación de los femicidios y de la violencia contra las mujeres en Honduras.
Se registra un femicidio cada 36 horas con 30 minutos. El país reporta la tasa más elevada de femicidios en América Latina, con 4.3 casos por cada 100,000 habitantes. Cada mujer asesinada representa el fracaso de un sistema que continúa reproduciendo relaciones de dominación, desigualdad y violencia patriarcal. La defensa de la vida de las mujeres no puede reducirse a discursos institucionales ni a medidas superficiales. Las reformas hechas este año, que aumentan las penas de cárcel, no nos sirven, no se resuelve el problema cuando se aumentan las penas, sino cuando se evita que sucedan los femicidios.
¡El Estado debe garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y niñas!
- Reafirmamos nuestro carácter antiimperialista e internacionalista.
Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo palestino frente al genocidio, la ocupación y el despojo sistemático ejercido por el Estado de Israel apoyado por Donald Trump.
Denunciamos el sionismo como proyecto político de dominación y colonización. Reivindicamos el derecho del pueblo palestino a existir, resistir y construir libremente su propio destino.
Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo cubano y rechazamos el bloqueo y las políticas de agresión que durante décadas han buscado someter su soberanía y condicionar su proyecto político. Desde la UPH condenamos el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.
La solidaridad internacionalista no conoce fronteras; la lucha de Palestina, Cuba, Honduras y de todos los pueblos que resisten contra la dominación forma parte de una misma lucha por la autodeterminación y la emancipación.
Frente a este panorama complejo y adverso, también es cierto que el Pueblo Hondureño, no ha parado de luchar y ya ha comenzado a movilizarse masivamente en todo el país, por lo que la Unidad Popular Hondureña llamamos a fortalecer la UNIDAD y la LUCHA popular, como único medio de alcanzar una sociedad democrática, justa y equitativa.
¡Hoy más que nunca debemos permanecer unidos, alertas y resistiendo!
¡Solo el pueblo salva al pueblo!
Unidad Popular Hondureña
La Unidad Popular Hondureña (UPH), plataforma aglutinadora de diferentes organizaciones y fuerzas políticas y sociales de Honduras, conscientes de la responsabilidad histórica que vivimos las mayorías populares frete a los abusos de un régimen impuesto, manifestamos nuestra firme posición en defensa de los bienes comunes, la soberanía de la patria, los derechos de las naciones y la dignidad de este pueblo históricamente oprimido. Expresamos:
- Los recursos públicos son bienes del Pueblo por derecho constitucional y deben estar a su servicio.
El actual régimen busca la privatización de estos recursos, lo que constituye una traición a los intereses de la población y una violación flagrante sus derechos. Repudiamos profundamente la “Ley de Justicia Energética”, instrumento legislativo que, bajo el pretexto de una supuesta modernización, consuma la entrega del sector eléctrico a los intereses privados.
De igual manera rechazamos los procesos de privatización del agua hacia empresas transnacionales y la privatización del a salud pública con los fideicomisos a bancos privados dejan este sector a merced de los intereses financieros.
¡Exigimos detener el proceso de privatización de los bienes públicos!
- La UPH pone la lucha por la defensa de nuestra soberanía nacional como la prioridad número uno de nuestra nación.
La política imperialista y neocolonial de Donald Trump, que implementa en complicidad con gobiernos de ultraderecha en la región Latinoamericana, nos ha llevado a una serie de flagrantes violaciones a nuestra soberanía patria.
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) son el ejemplo más claro de cómo los intereses oligárquicos y privados pueden consumar una flagrante violación a nuestra soberanía nacional. Aunque la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucionales y el gobierno de Xiomara Castro derogó la ley que las creó mediante el Decreto 33-2022, tres ZEDEs aún continúan operando como territorios de facto donde el Estado hondureño no ejerce soberanía efectiva. Con el actual régimen ilegitimo de Asfura, la ZEDE Próspera, en Roatán, ha expandido su territorio hasta superar los 3.2 millones de metros cuadrados, cerca del 4 % de la superficie total de la isla.
¡Exigimos la inmediata expulsión de las ZEDEs de nuestro país!
- El despojo de nuestros bienes comunes y territorios es una política del actual gobierno.
Este año, se han realizado cientos de órdenes de desalojo, siendo la zona norte la más afectada, en sitios como Tela, Villanueva, San Pedro y otros. El caso de San Juan Tela es uno de los más indignantes: el 6 de julio, más de 200 agentes de la Policía Nacional irrumpieron en la comunidad garífuna, detuvieron a cinco personas y desplegaron gases lacrimógenos y armas de fuego contra la población.
La recién aprobada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial es el instrumento jurídico de esa política de despojo y exterminio. Esta normativa declaró inafectables las tierras agroindustriales, blindándolas frente a cualquier causa de reforma agraria o utilidad pública, y ordenó a las autoridades judiciales y policiales ejecutar de manera inmediata el desalojo de las tierras ocupadas.
El Congreso Nacional blindó al sector agroindustrial y ordenó a la Policía Nacional y al Ministerio Públicointervenir en casos de huelgas, manifestaciones o protestas en vías públicas. Ya se han ejecutado desalojos amparados en esta ley.
¡Exigimos la derogación inmediata de la Ley Agroindustrial y la devolución de las tierras a sus legítimos dueños: familias campesinas y pueblos originarios!
- Denunciamos enérgicamente que el Poder Judicial como instrumento político de la oligarquía.
Persigue y criminaliza a los movimientos populares y a sus representantes, libera de delitos y crímenes a los oligarcas y a sus esbirros. La historia reciente de Honduras lo demuestra: Es un escándalo que, mientras a Juan Orlando Hernández y a Alexander Ardón, la justicia de Estados Unidos los sentenció culpables de graves delitos por narcotráfico o por el asesinato de decenas de personas, la Corte Suprema de Honduras les limpia los expedientes, o sencillamente mira para otro lado sin levantarles cargos, pese a que tienen cuentas pendientes en Honduras. Asimismo, delincuentes del erario público, como Mario Zelaya y Roberto Berteti son sobreseídos del delito que cometieron en el desfalco del IHSS.
En contraste con este trato de “mano de seda” con el crimen, los juzgados de Honduras violan los derechos de los compañeros Garífunas, ignorando los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y criminalizando a cinco hermanos garífunas por el delito de defender sus tierras ancestrales. Por tal razón, la OFRANEH ha acusado al régimen actual de cometer Genocidio Cultural y Crímenes de Lesa Humanidad. Esa es la misma impunidad que aun reina en casos emblemáticos, como en los asesinatos de Margarita Murillo, Berta Cáceres, Juan López y tantos otros.
¡Ni perdón ni olvido! ¡Justicia para el pueblo! ¡Alto a la criminalización de los movimientos populares!
- Manifestamos nuestra profunda preocupación ante el abandono de miles de hondureños y hondureñas que viven en los Estados Unidos, particularmente frente a las consecuencias derivadas de la cancelación del TPS.
Estados Unidos anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal, dejando a aproximadamente 72,000 hondureños sin protección migratoria ni autorización de empleo automática. Nos surge la interrogante sobre el futuro de 53,500 hijos de tepesianos hondureños nacidos en Estados Unidos; estos son ciudadanos estadounidenses enfrentan el trauma de una posible separación de sus padres. Detrás de cada persona migrante existe una historia de trabajo, sacrificio y, muchas veces, de expulsión provocada por las condiciones económicas y sociales de nuestros países.
En este contexto, consideramos grave que en el Congreso de la República se piense otorgarle una condecoración a María Elvira Salazar, figura que ha asumido posiciones contrarias a los intereses de amplios sectores de la comunidad latina y migrante en los Estados Unidos.
¡Exigimos la defensa de nuestros hermanas y hermanos migrantes y una política de atención para quienes reporten a su patria!
- Denunciamos la grave situación de los femicidios y de la violencia contra las mujeres en Honduras.
Se registra un femicidio cada 36 horas con 30 minutos. El país reporta la tasa más elevada de femicidios en América Latina, con 4.3 casos por cada 100,000 habitantes. Cada mujer asesinada representa el fracaso de un sistema que continúa reproduciendo relaciones de dominación, desigualdad y violencia patriarcal. La defensa de la vida de las mujeres no puede reducirse a discursos institucionales ni a medidas superficiales. Las reformas hechas este año, que aumentan las penas de cárcel, no nos sirven, no se resuelve el problema cuando se aumentan las penas, sino cuando se evita que sucedan los femicidios.
¡El Estado debe garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y niñas!
- Reafirmamos nuestro carácter antiimperialista e internacionalista.
Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo palestino frente al genocidio, la ocupación y el despojo sistemático ejercido por el Estado de Israel apoyado por Donald Trump.
Denunciamos el sionismo como proyecto político de dominación y colonización. Reivindicamos el derecho del pueblo palestino a existir, resistir y construir libremente su propio destino.
Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo cubano y rechazamos el bloqueo y las políticas de agresión que durante décadas han buscado someter su soberanía y condicionar su proyecto político. Desde la UPH condenamos el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.
La solidaridad internacionalista no conoce fronteras; la lucha de Palestina, Cuba, Honduras y de todos los pueblos que resisten contra la dominación forma parte de una misma lucha por la autodeterminación y la emancipación.
Frente a este panorama complejo y adverso, también es cierto que el Pueblo Hondureño, no ha parado de luchar y ya ha comenzado a movilizarse masivamente en todo el país, por lo que la Unidad Popular Hondureña llamamos a fortalecer la UNIDAD y la LUCHA popular, como único medio de alcanzar una sociedad democrática, justa y equitativa.
¡Hoy más que nunca debemos permanecer unidos, alertas y resistiendo!
¡Solo el pueblo salva al pueblo!
Unidad Popular Hondureña 15 de septiembre de 2026
