El contundente triunfo del partido de extrema derecha “Alternativa para Alemania (AfD)” del
pasado domingo 6 del corriente mes en las elecciones del pequeño Estado de Sajonia
Anhalt, uno de sus 16 estados federados, ha causado un verdadero terremoto en la
socialdemocracia, la cual, junto con la democracia cristiana, fue la dominante en su política
en la segunda mitad del siglo XX. Y no ha sido para menos, AfD se alzó con el 44% de la
votación y 39 diputados del parlamento regional, a solo tres de la mayoría absoluta de 42,
mientras que la democracia cristiana (CDU) sumó apenas el 17,1% y la social democracia
(SPD) tan solo el 9,2%.
Pero lo más preocupante para el bipartidismo alemán radica, en primer lugar, en que AfD
encabeza las encuestas para las próximas elecciones federales, y en segundo, en que esto
está ocurriendo, nada menos, que en la nación cuna del nazismo, en donde un hace poco
menos de 100 años, en 1933, el Partido Nacional Socialista las ganó con el 43.91% de los
votos -casi exactamente el porcentaje que acaba de obtener AfD en las regionales-, y su
máximo líder, Adolfo Hitler, fue designado canciller de la República. Y el resto de lo que
aconteció con el nazismo hasta 1945, como es mundialmente conocido, pasó a ser uno de
los más infaustos capítulos de su historia, si no el más, del que podría decirse que los
alemanes no quisieran recordarlo. ¿O si?
La gran mayoría de los comentaristas atribuye la victoria de AfD a tres factores
fundamentales: la profunda crisis por la que atraviesa la economía alemana, especialmente,
la microeconomía, la radical política anti migratoria que promueve y su oposición frontal a la
continuación del apoyo militar y financiero a Ucrania. En cuanto a la primera, la más
reveladora síntesis, quizás, del estado de la economía familiar la brindó una profesora de
guardería: “En la República Democrática Alemana (RDA) yo pude tener cinco hijos por la
excelente red de asistencia del Estado, esto ahora es imposible”. Lo que obedece,
esencialmente, a la extrema austeridad implantada como respuesta a la crisis de 2008, y con
ella, el recorte brutal del sector público, el hundimiento de los salarios y de la calidad de vida
de la población.
En lo que respecta a la migración, es insólito que a estas alturas la social democracia
europea no haya apreciado a cabalidad las motivaciones económicas, culturales y hasta
religiosas, que subyacen tras el repudio popular, cada vez mayor, a la inflexible política
migratoria impuesta por la Unión Europea a sus socios. Porque, bien visto, el rechazo de sus
nacionales a recibir extranjeros -en las presentes circunstancias económicas-, por temor a
que, entre otros prejuicios, estos puedan despojarlos de sus empleos, constituye el ejercicio
de un derecho humano tan legítimo como el de pedir asilo.
Hasta donde conozco, solo la primera ministra social demócrata de Dinamarca, Mette
Frederiksen, ha captando la raíz del problema. Tan pronto ganó las elecciones en el 2019,
decretó severas restricciones a la migración, pero con decisiones inteligentes, no impidiendo
la entrada a los inmigrantes o recurriendo a la violencia para expulsarlos, como lo hace la
ultraderecha, sino abordando el tema desde una perspectiva de orden y seguridad,
trasladando la tramitación de las peticiones de asilo a terceros países, respaldando una ley
que permite requisar dinero en efectivo y otros bienes de valor a los solicitantes de asilo para
sufragar parte de los costos de su acogida, y redefiniendo este como una protección
esencialmente temporal, por lo que los refugiados deben regresar a sus lugares cuando las
circunstancias lo permitan.
La perspicaz visión de la señora Frederiksen le ha valido, al revés de lo que acaece con los
demás partidos social demócratas, haber sido reelecta en dos oportunidades consecutivas.
En tanto que solo tres países de la UE siguen gobernados por estos: Dinamarca, España y
Malta, y al grado que, de acuerdo con el comentarista Carlos Torralba, de diario El País, “el
giro impulsado por la primera ministra danesa se ha convertido en un caso de estudio para
sectores de la izquierda europea”. De hecho, en Suecia, en las elecciones de hoy domingo,
precisamente, la social democracia podría recobrar el poder, en buena medida, porque ha
respaldado gran parte de la política migratoria del actual gobierno de derecha, una de las
más duras de Europa, y su candidata, Magdalena Andersson, ha reiterado que las mantendrá
si resulta elegida. Y como dato interesante, el líder máximo de AfD también es una mujer,
Alice Weidel.
Es muy cierto que AfD es un partido de ultraderecha, con todo lo que eso significa, pero no
por su posición frente a la migración, como acusan sus adversarios -sobre todo, los
defensores de los derechos humanos que, ingenua o deliberadamente, la mezclan con los
designios de la derecha-, sino, probablemente, porque ellos no han podido enfrentar el
problema en la forma adecuada, el cual, por donde se le mire, no tiene color político ni
ideológico ninguno; la propia Frederiksen afirma que “no ve ninguna contradicción entre
defender el Estado del bienestar y mantener un estricto control migratorio”.
Y en lo que respecta al auxilio bélico y monetario a Ucrania, AfD propone su cancelación, el
restablecimiento de las relaciones económicas con Rusia y el retorno a un modelo que
garantice la recuperación de la competitividad y de la economía en general basado en la
reactivación del gasoducto de gas ruso Nord Stream paralizado por un sabotaje atribuido a la
misma Ucrania por la Fiscalía de Alemania, y cuyo costo de sustitución, según el Ministerio
Federal de Finanzas, ha sobrepasado los 58.400 millones de dólares. Lo que, sin más,
podría resumirse en que AfD está consiguiendo persuadir al pueblo alemán de que prioriza
sus intereses por encima de cualesquiera otros.
Pero la lección más importante, tal vez, que debe extraerse de lo que está sucediendo en
Alemania y en la política internacional estriba en la imperiosa necesidad de revisar a fondo la
debilidad institucionalidad que la aqueja, los antiguos conceptos políticos con los que hasta
ahora se la ha interpretado, y por supuesto, las contradicciones de todo tipo que
constantemente se van generando a lo interno y entre los diversos estados, partidos e
ideologías. Es innegable, por ejemplo, que la democracia occidental, como asevera el
famoso filósofo y politólogo estadounidense Sheldon S. Wolin, quien se desempeñara hasta
su muerte como profesor emérito de la Universidad de Princenton, “ha sucumbido a las redes
corporativas que representan los intereses de grupo que son protegidos por encima de los
populares”. “Y en los Estados Unidos -prosigue Wolin- la democracia es efímera, en lugar
de ser un sistema estable”.
De otro lado, la fragmentación del espectro político en una multiplicidad de partidos que trae
consigo la democracia occidental está conduciendo al surgimiento de regímenes sumamente
débiles, y en muchas ocasiones, los resultados de los comicios se atomizan tanto que
impiden la formación de coaliciones para gobernar y los pueblos son obligados a concurrir
una y otra vez a contiendas electorales. Y a menudo, tampoco las alianzas garantizan la
estabilidad política justo por las diferencias ideológicas y de intereses que arrastran los
partidos que las integran, muchas veces insalvables.
En América Latina, Honduras incluida, la derecha y la ultraderecha no han adquirido un ápice
de modernidad, y menos, una genuina sensibilidad social; se comportan tan reaccionarias y
corruptas como siempre, y ahora peor aún, por su incondicional subordinación al presidente
Trump. Tanto que su principal bandera político electoral sigue siendo el anacrónico
anticomunismo de la Guerra Fría, aun cuando, en realidad, no se trata de ningún
anticomunismo, sino de la defensa a ultranza del inhumano neoliberalismo que nos agobia.
Y, de igual modo, se critica el modelo político y económico de China, básicamente, porque se
ha convertido en el más poderoso rival de los Estados Unidos, pasando por alto que su
democracia, aunque primordialmente de un solo partido, pero siendo este representativo de
todas las clases sociales, sin excepción alguna, en la práctica, viene a ser mucho más sólida
y equitativa que la occidental. La nación asiática, además, es la única del planeta que ha
logrado un extraordinario desarrollo, y en un tiempo récord, a la vez que ha reducido
sustancialmente la desigualdad librando de la pobreza a más de la mitad de su población,
cerca de 800 millones de personas, su empresa privada recibe mayor protección y estímulos
del Estado que la del propio Occidente, y por si fuera poco, presta una valiosa ayuda a los
países subdesarrollados sin imponerles condiciones de ninguna clase.
Tegucigalpa, 13 de septiembre de 2026
