El movimiento popular hondureño se prepara para una cuarta jornada consecutiva de marchas de las antorchas en diferentes puntos del país. La convocatoria sampedrana se convirtió en el catalizador que impulsó protestas similares en otras localidades.
Organizaciones populares y distintos sectores sociales han vuelto a encontrarse en las calles alrededor de demandas relacionadas con el costo de vida, la defensa de los servicios públicos y la situación del campesinado.
Las actuales movilizaciones tienen características diferentes a las marchas de las antorchas realizadas en 2015 y 2016. En aquella ocasión, la principal demanda fue la lucha contra la corrupción, una reivindicación amplia que reunió a sectores con posiciones políticas e intereses distintos.
En aquel momento y por su carácter no clasista, esas protestas también recibieron el respaldo de sectores de derecha, grupos empresariales e incluso sectores cercanos a la Embajada Americana. Algunos de esos actores intentaron posteriormente capitalizar políticamente el descontento expresado en las calles.
En esta nueva etapa, las demandas se concentran en problemas que afectan directamente las condiciones de vida de la población. Entre ellas se encuentran el rechazo a la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica —ENEE—, el incremento de los precios de la canasta básica y la exigencia de derogar la denominada Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, conocida como “Ley Agroindustrial”.
Evitar la instrumentalización electoral
Las marchas de San Pedro Sula son el resultado de varios años de trabajo político y organizativo de organizaciones que conformaron el espacio “San Pedro convoca”. Estas organizaciones has desarrollado actividades de formación, difusión y articulación entre trabajadores y otros sectores populares.
Ese proceso contribuyó a crear las condiciones para el surgimiento de las actuales movilizaciones. Ante su crecimiento, el Frente Obrero busca fortalecer las convocatorias y preservar su independencia frente a intereses externos.
Uno de los principales desafíos es evitar que las marchas sean utilizadas para impulsar agendas electorales anticipadas o posicionar candidaturas. Desde las organizaciones convocantes se plantea que la participación de dirigentes políticos debe respetar el protagonismo de los sectores que han sostenido el proceso desde sus inicios.
La preocupación surge a medida que las antorchas adquieren mayor visibilidad y atraen a nuevos actores. Para las organizaciones populares, la ampliación de la protesta debe producirse sin desplazar las demandas sociales que le dieron origen.
Las protestas se extienden
Las marchas de las antorchas y otras acciones de protesta ya se desarrollan en Puerto Cortés, Choloma y Villanueva, en el departamento de Cortés, así como en Comayagua, El Paraíso y Nacaome.
Aunque las convocatorias presentan particularidades en cada territorio, coinciden en expresar el descontento ante el aumento del costo de vida y las políticas que afectan los servicios públicos, la producción nacional y los derechos de las comunidades.
La expansión de las movilizaciones plantea ahora un reto para las organizaciones populares: convertir el descontento ciudadano en un proceso sostenido de organización y articulación nacional.
San Pedro Sula marcó el inicio. La continuidad y el rumbo de las antorchas dependerán de la capacidad del movimiento popular para mantener sus demandas, ampliar la participación y evitar que la protesta sea subordinada a intereses electorales.
