Las movilizaciones del 1 de mayo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, arrancaron bajo amenaza de una fuerte presencia militar generando incertidumbre de seguridad en buena parte de la población que llegó a protestar. En San Pedro Sula, los sindicatos quemaron un monigote de Donald Trump en repudio a su política migratoria y a su injerencia en el país.
En las empresas maquiladoras del empresario Jesús Canahuati, denunciaron los sindicatos, a trabajadoras con hasta diez años de antigüedad se les exige someterse a pruebas de aptitud y exámenes físicos con el pretexto de cambiarlas de puesto de trabajo; si se niegan, las despiden. Eso no es una irregularidad laboral aislada, es el poder empresarial ejercido sin mediación, en un sector donde la organización sindical sigue siendo resistida de manera sistemática. La Federación de Sindicatos de Trabajadores Textiles, Maquila y Similares (FESITRATEMASH) fue explícita en su comunicado del 1 de mayo: las empresas del rubro “no respetan la libertad sindical y han mostrado escasa voluntad para negociar mediante la contratación colectiva”, y exigieron la derogación de la Ley de Empleo por Hora.
En El Progreso las exigencias no se limitaron a lo laboral: los trabajadores demandaron justicia para el ambientalista Juan López, asesinado en septiembre de 2024 en Tocoa por su defensa del territorio. Que el movimiento obrero conecte la lucha laboral con la defensa territorial y el crimen contra defensores ambientales no es un desvío, es conciencia de clase en un país donde el modelo extractivo se sostiene también sobre la sangre de quienes lo resisten. Ese hilo que va de la maquila de Choloma a la mina de Tocoa es el mismo hilo.
Fuentes: Radio Progreso · CGT Honduras (FESITRATEMASH) · Proceso Digital
