Honduras atraviesa una profundización de la disputa por el poder político, la
riqueza y los territorios. Lo que vivimos en agosto y septiembre no son hechos
aislados: expresan una lucha entre los intereses del gran capital y las necesidades
de las mayorías trabajadoras.
Esta disputa también se expresa en los cuerpos, los territorios y el trabajo de
cuidados. Las mujeres, particularmente quienes vivimos en pobreza, ruralidad y
exclusión, soportamos de manera diferenciada los efectos de la precarización, la
violencia, el despojo y el deterioro de los servicios públicos.
El escenario político de 2026 es el resultado de un proceso electoral cuestionado,
originado en el fraude electoral y la intervención del imperialismo, con sus nuevas
maneras de imponer gobernantes como ha quedado demostrado con la captura de
unos de los artífices del fraude electoral en Honduras y otros países de
Latinoamérica con la captura del Argentino Fernando Cerimedo.
Así también la recomposición de fuerzas conservadoras y liberales vinculadas a
intereses económicos nacionales y transnacionales. La disputa alcanza
instituciones como el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público,
las Fuerzas Armadas y la Policía, pierden independencia y pasan al dominio de
esas fuerzas y a dar sello de legalidad a los cambios que han sucedido en los
primeros 9 meses y marcan lo que seguirá ocurriendo.
- Estado, democracia y poder político
Existe una disputa por el control de las instituciones y por las reglas que organizan
el poder. La persecución política a exfuncionarios y al partido LIBRE forma parte
de este escenario. Impunidad en el sistema judicial que libera a criminales y
persigue a comunidades como los pueblos garífunas y campesinos. De manera
concreta estos cambios se realizan mediante Juicios Políticos, liberación de
delincuentes (JOH), Decretos para favorecer al capital con la expropiación de
Bienes Públicos, Servicios y bienes de capital como la tierra.
En agosto y septiembre de 2026 se aceleraron reformas electorales que pueden
cambiar las reglas del juego político. La propuesta plantea cambios al CNE,
ciudadanización, escrutinios especiales y transmisión de resultados, las que deben
analizarse no solo por su contenido técnico, sino preguntando quién las impulsa,
a quién benefician, quiénes quedan excluidos y quienes las administran.
Para la izquierda, defender la democracia implica trascender el acto electoral y
fortalecer la participación popular, la soberanía y la capacidad organizada de las
mayorías para disputar el poder. - Capital, bienes públicos y privatización
La disputa por los bienes públicos constituye un eje central. El caso de la ENEE y
la mal llamada “Ley de Justicia Energética” aprobada en una de las noches más
oscuras de Honduras, que reorganiza la ENEE y separa generación, transmisión y
distribución. Aunque la empresa continúa siendo formalmente estatal, esta
estructura puede abrir mayores espacios al capital privado.
En salud persisten mora hospitalaria, desabastecimiento y problemas de personal.
La pregunta política es ¿quién controla los servicios?,¿quién obtiene las ganancias?
y ¿quién asume los costos? La llamada “mora hospitalaria” ha servido para
justificar el traslado de recursos públicos al sector privado. Por lo que nos
preguntamos: ¿por qué faltan medicamentos, no les pagan a los médicos y
enfermeras, pero sí hay recursos para pagar servicios privados?
La privatización o deterioro de los servicios públicos aumenta el trabajo doméstico
y de cuidados que recae principalmente sobre las mujeres. - Desalojos y despojos
El Decreto 107-2026 es señalado como una herramienta que facilita desalojos de
comunidades campesinas y del pueblo Garífuna, irrespetando resoluciones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para favorecer a proyectos
agroindustriales, energéticos, turísticos y ganaderos.
Para los pueblos la tierra es vida, alimento, cultura, identidad y territorio, no
solamente mercancía. El despojo expresa la contradicción entre los derechos
colectivos y las formas de acumulación que buscan apropiarse de territorios y
recursos.
La disputa por las ZEDE continúa, ya que la derogación del marco jurídico de las
ZEDE en 2022 no eliminó completamente la disputa y no puede darse por cerrada,
continúan por medio de la CIADI, manteniendo abierta la discusión sobre
soberanía, territorio y capacidad estatal para regular las inversiones. - Crisis económica y precarización de la vida
Economía estancada en franco retroceso, por las medidas engañosas como el
empleo por hora, altos precios de combustibles, La clase trabajadora enfrenta
desempleo, informalidad, bajos ingresos y pérdida del poder adquisitivo. El
aumento de precios y la devaluación reducen la capacidad de las familias para
reproducir su vida.
El salario mínimo promedio cercano a L13,000, frente a gastos mensuales
estimados en L29,000 para una familia incluyendo vivienda y transporte. Cuando
el salario no alcanza, las mujeres debemos compensarlo mediante mayor trabajo
doméstico y de cuidados, endeudamiento y estrategias de sobrevivencia.
Las remesas continúan siendo fundamentales, pero también evidencian las
limitaciones estructurales para generar empleo digno. - Violencia, patriarcado e impunidad
Aunque algunos indicadores oficiales de homicidios dicen que han disminuido,
persisten las masacres, los feminicidios, las extorsiones, las desapariciones, la
trata y la criminalización. De 1,236 muertes violentas durante el primer semestre
de 2026 son 194 mujeres. Según el Observatorio de Violencia de la UNAH, esto
representa 7 muertes violentas por día.
El feminicidio debe comprenderse como expresión de relaciones patriarcales,
desigualdad e impunidad. La violencia también atraviesa la defensa de la tierra y
los territorios, donde comunidades campesinas, pueblos Garífunas y personas
defensoras enfrentan persecución y criminalización. - Honduras en la disputa geopolítica
La situación nacional también está relacionada con la disputa mundial por el poder,
existen dos bloques enfrentados, uno que emerge teniendo como centro a China,
Rusia, los BRICS y el Grupo Shanghái que buscan un nuevo orden respetuoso del
derecho internacional y la cooperación, frente a la nueva forma de colonización que
encabeza el bloque occidental con su centro en Estados Unidos, Israel y Europa
quienes fortalecen sus alianzas políticas, la guerra y la carrera armamentista en el
mundo.
En nuestro continente se expresa el intervencionismo en forma de guerra irregular,
bloqueos, imposición de aranceles y fraudes electorales que afectan principalmente
en: Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Paraguay. De manera más
violenta y agresiva a Cuba, Venezuela y Nicaragua. México, Brasil y Canadá
resisten los embates del imperialismo
En el medio oriente, la guerra contra Irán, el genocidio en Palestina y Líbano,
expresan la lucha por el control de los recursos como el petróleo y el gas. Las
respuestas de los pueblos están derrotando las estrategias de occidente con efectos
catastróficos para la economía de todo el globo. Esta disputa expresa la crisis del
imperialismo y el afán de mantener la hegemonía cada vez más en entredicho y con
graves peligros para la vida ante las posibilidades de un estallido nuclear
Por la ubicación estratégica y su infraestructura militar, Honduras puede volver a
adquirir un papel importante para los intereses geopolíticos de Washington.
Debemos rechazar que nuestro territorio sea utilizado nuevamente como
plataforma contra otros pueblos latinoamericanos. - ¿Qué nos corresponde como izquierda?
Este escenario exige unidad y organización. No podemos responder de manera
fragmentada mientras el imperialismo articula sus intereses.
La defensa de los bienes públicos, la tierra, el empleo digno, los derechos de las
mujeres, la democracia y la soberanía son una misma lucha por la vida y por el
poder popular.
El principal desafío es pasar de la indignación a la organización, de las luchas
aisladas a la articulación y de los intereses particulares a un proyecto colectivo de
transformación.
Hoy más que nunca necesitamos dejar a un lado protagonismos, cálculos
personales, sectarismos y diferencias secundarias. Ninguna aspiración individual
puede estar por encima de las necesidades del pueblo.
Los trabajadores, campesinos, pueblos originarios, jóvenes, comunidades,
maestros, sindicatos, mujeres, universidades y organizaciones populares debemos
encontrarnos, escucharnos y construir una agenda común.
Debemos combatir el sectarismo y los protagonismos individuales, fortaleciendo la
formación política y una agenda común de las luchas populares
- ¿Dónde están las principales resistencias y capacidades organizativas?
- ¿Qué obstáculos internos limitan la unidad popular?
- ¿Qué agenda común puede articular a trabajadores, maestros, campesinos,
pueblos, jóvenes y mujeres? - ¿Qué acciones concretas podemos impulsar desde nuestras organizaciones
y territorios?
La coyuntura de 2026 no debe leerse como una suma de crisis separadas. La crisis
económica, el deterioro de los servicios públicos, el despojo territorial, la violencia,
el patriarcado, la disputa institucional y la subordinación geopolítica forman parte
de una misma disputa por el poder y por la forma en que se organiza la vida social.
El desafío de la izquierda es transformar esta comprensión en organización,
articulación y capacidad de lucha. Defender la vida, los bienes públicos, los
territorios, el trabajo digno, los derechos de las mujeres, la democracia y la
soberanía son dimensiones de una misma lucha: construir poder popular y
transformar las relaciones de explotación, opresión y dominación.
